Los agudos índices de desigualdad económica se acompañan con elevados niveles de pobreza y deterioro ambiental, y determinan que vastos sectores participen solo de manera restringida en el mercado y en los servicios calificados como “públicos”, que estas limitaciones bloqueen el desarrollo del “capital humano”, el crecimiento económico y la movilidad social. No obstante, los cambios que la región ha experimentado en las últimas décadas, simultáneamente con las dramáticas transformaciones que se observan a escala planetaria, han contribuido a intensificar la participación social y política, y a instaurar regímenes democráticos en la mayoría de los países latinoamericanos, mientras los regímenes autoritarios y las violaciones de los derechos humanos son repudiados por organizaciones sociales, representaciones políticas y entidades internacionales. Así, la mayoría de la población latinoamericana, particularmente la que sobrevive en condiciones de indigencia, no puede hacer suyas las promesas de libertad e igualdad contenidas en la democracia, debido a que las mencionadas extremas desigualdades sociales no solo restringen, sino impiden el acceso a los recursos sociales e institucionales, materiales y simbólicos que le permitan desarrollar de manera autónoma sus intereses, individuales y colectivos.
